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Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechaza por tercera vez investigar el caso Mavi Marmara
por Grupo ReVista
5 de Diciembre de 2019

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Derecho internacional, claman los medios, como si invocaran un consensuado código legal. Pero lo hacen casi exclusivamente para añadir que “Israel” lo “viola”. Una y otra vez, aduciendo resoluciones no vinculantes de las Naciones Unidas o, directamente, no mencionando norma ni argumento alguno. Derecho internacional, en cuanto pueden. Y, claro, “Israel” lo “viola”, en cada ocasión.

Por ello, con tanto “derecho internacional” en el tintero, llama la atención la escasísima repercusión que ha tenido que la Corte Penal Internacional cerrara por tercera vez su investigación preliminar de presuntos crímenes de guerra del Ejército israelí en el caso Mavi Marmara, de la “flotilla a Gaza” de 2010. La excepción fue la agencia de noticias Efe, que decía que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) remitió este lunes un escrito al tribunal en el que reiteró su decisión de no abrir una investigación por el ataque de Israel a la flotilla de Gaza”. Aunque más que un “ataque” era un abordaje, el texto de la agencia omitía parte importante de la información.

Por ejemplo, y tal como señalaba el Jerusalem Post, que:

“[La fiscal general, Fatou] Bensouda dijo que una de las razones por las que no abriría una investigación criminal era que el caso había sido investigado por la división legal de las Fuerzas de Defensa de Israel (Ejército israelí, FDI)”.

A lo que, según este medio, Bensouda añadía que, de hecho, “España, Reino Unido, Suecia y Alemania desestimaron cualquier acusación de crímenes de guerra contra las FDI por el incidente. Algunos de estos países desestimaron sus alegaciones sobre la base de que reconocían que el sistema de justicia de Israel era legítimo y que habían investigado debidamente la cuestión”.

Además, “mientras que los críticos de Israel describían a los pasajeros del Marmara como si tuvieran prácticamente el estatus de personal de mantenimiento de la paz de la ONU, Bensouda declaró que sus propósitos eran políticos”.

Y, de hecho, algo más. Porque la organización que fletó el barco, la turca IHH, fue declarada organización terrorista por Holanda en 2011. En tanto, en julio de 2010 Alemania ilegalizó a la filial alemana de dicha organización por “luchar contra el derecho de Israel a existir”. Dicha decisión fue respaldada en 2012 por una corte federal de este país, por encontrar que dicha organización contribuía con fondos para el grupo terrorista (así considerado por la Unión Europea, entre otros) palestino Hamas.

Por otra parte, el llamado informe Palmer de la ONU respecto del incidente de 2010 con la llamada “flotilla”, indicaba:

“Hemos dejado claro que consideramos que Israel tiene derecho a imponer el bloqueo naval [sobre Gaza]. De lo que se deduce que Israel tiene también el derecho de hacer cumplir la ley [el bloqueo].

Para que Israel mantenga el bloqueo, este tiene ser eficaz, por lo que debe hacerlo cumplir... La aplicación puede tener lugar en alta mar y podrá ser realizadas por la fuerza si el buque se resiste. En este punto del análisis no se plantean dificultades”.
 
 
Datos que a la agencia se le iban escurriendo por entre los párrafos que informaban más bien poco.
 
 
 
 
 
         
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